Así lo ha resumido Antonio Jiménez, sociólogo y consultor social y encargado de elaborar las conclusiones de la jornada ‘Investigación social y diversidad humana. Generando conocimientos sobre la discapacidad’, organizada por el CERMI junto con ILUNION Consultoría y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha tenido lugar en la sede de la Fundación ONCE.

 

Jiménez ha señalado que “la discapacidad se está instalando poco a poco en la agenda de la investigación social” y “se está consolidando una visión de la discapacidad como una cuestión social que merece la pena estudiar”. Desde su punto de vista, se debe investigar sobre discapacidad desde una perspectiva de derecho y ciudadanía y con una finalidad eminentemente práctica enfocada al desarrollo de políticas públicas y su evaluación.

 

Así, ha incidido en la importancia de no confundir los indicadores con las variables y de establecer una relación directa entre el indicador y los derechos que se quieren medir, contemplados de forma transversal, así como incluir indicadores de resultado. Además, ha destacado que los indicadores deben tener un adecuado nivel de desagregación por género, edad, territoriales y otros como tipo de hábitat.

 

Además, ha apostado por concentrar los pocos recursos existentes en líneas de investigación prioritarias y optimizar los recursos, aprovechando las fuentes disponibles, así como por divulgar y trasferir todo el conocimiento generado.

 

Durante la jornada, Carlos Sánchez, de Fundación ONCE se ha centrado en los observatorios elaborados por Fundación ONCE en el ámbito de la accesibilidad de los distintos entornos, como el ‘Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España’, que, entre sus principales conclusiones, arroja la existencia de una oferta poco variada, que no responde a las necesidades de accesibilidad de las personas en parte “por el mito de que construir con accesibilidad encarece el producto” y una demanda poco exigente.

 

Además, ha destacado el ‘Observatorio de la Accesibilidad Universal en el Transporte’ y el

‘Observatorio de la Accesibilidad TIC’ y entre otras recomendaciones comunes a todos estos estudios, Sánchez se ha referido a la necesidad de impulsar la formación en licenciaturas universitarias a profesionales del sector y a los gestores de la Administración Pública en todos los niveles, así como a responsables del producto y servicio final. También ha señalado la importancia de la creación de redes de conocimiento, la unificación de parámetros de accesibilidad, y la participación social y cooperación entre las organizaciones del sector.

 

 

El factor de género en la investigación social de la discapacidad también ha estado presente en la jornada, donde Ana Peláez, comisionada de Género del CERMI, ha lamentado que no existan casi datos sobre el colectivo de mujeres y niñas con discapacidad y que aunque empiezan a surgir estudios al respecto son todavía “segregados y parciales”.

 

Según ha explicado, en España el 59,8% de las personas con discapacidad son mujeres, que sufren situaciones de pobreza, discriminación múltiple, invisibilidad y no reconocimiento, niveles bajos de Educación y menor actividad laboral, entre otras.

 

Para hacer valer los principios de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, es necesario incorporar el género en las políticas públicas de discapacidad y que se tenga en cuenta la distribución de sexos de la población en este sentido, al tiempo que ha apostado por difundir la información existente, ya que, ha dicho, “muchos estudios no han visto la luz porque responsables políticos no han querido sacar a la luz esta realidad”.

 

La investigación social sobre mujeres y niñas con discapacidad tendría que recoger en su opinión indicadores de derechos humanos como las obligaciones de los Estados parte respecto a este colectivo que no se cumplen, medidas especiales temporales para combatir la discriminación, así como la igualdad en la vida política y pública, en la educación, en materia de empleo y en el acceso a la atención sanitaria.

 

En esta línea, se ha referido a otros indicadores como el igual reconocimiento de la mujer como persona ante la ley, el derecho a la vida, el acceso a la justicia, la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, o la libertad de desplazamiento.

 

Por su parte, Leonor Lidón, delegada del CERMI para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos, se ha referido a la investigación jurídica de la discapacidad desde la dimensión de derechos humanos y se ha referido a casos en los que la norma excluye la titularidad de derechos de la persona con discapacidad como es el caso de las 80.000 personas que no pueden votar por estar incapacitadas judicialmente en España.

 

En esta línea, ha recordado que la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad establece el principio de “misma condición de persona, mismo derecho y mismo entorno”.